Medellín ha tenido una regulación bastante regresiva en materia de garantías al derecho de movilización y protesta social, a tal punto que las manifestaciones políticas son entendidas por la administración municipal como alteraciones al orden público, y no como un derecho fundamental.
Para la Veeduría Ciudadana al Plan de Desarrollo de Medellín, el Decreto 2254 de 2013, que actualmente regula la protesta social en la ciudad, debe ser derogado pues crea limitaciones y restricciones que solo le está permitido a la ley según la Carta Constitucional, y mucho más cuando hace inviable el ejercicio de un derecho por los altos costos de pólizas y otros trámites que no están al alcance de los sectores sociales.
El Decreto que regula la protesta social en Medellín (2254 de 2013) debe ser derogado