El desarrollo de una política pública de Trabajo Decente obliga a romper de manera definitiva con la estrategia de subordinar el empleo público a los intereses electorales de la clase política, Medellín tiene como hacerlo, solo falta voluntad política.
El presupuesto público de la ciudad tiene un amplio margen de maniobra en gastos de funcionamiento de acuerdo con las exigencias de la Ley 617 del 2000, por lo que no se justifica mantener una planta paralela de contratistas en condiciones de humillación laboral, y del abuso del “empleo temporal” en la Secretaria de Movilidad.
La política pública de trabajo decente en Medellín: un paso adelante, dos atrás